Desprestigiar al contrincante, descalificarlo, reducirlo, ventilar sus miserias humanas, defectos y pecados de lesa moral, son el punto nodal de las campañas.

 

La oferta política, el compromiso de la candidata o candidato, corre por rieles aprobados por las buenas conciencias y la autoridad electoral que, en tanto elegida por mayoría calificada del pleno de la Cámara de Diputados, tiene identidad partidista, por más que los once integrantes del órgano colegiado se asuman al margen de filias y fobias de institutos políticos.

 

Por eso la incondicional defensa de los próceres legisladores en torno del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, más que del nombre y prestigio de la institución, porque al final de cuentas el árbitro de la contienda es la única voz con la investidura constitucional para dirigir el proceso y calificar y sancionar en primera instancia.

 

Y es que la palabra final está en poder de los siete magistrados electorales, elegidos por mayoría calificada por el pleno del Senado y que integran a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, incluso, ve los asuntos que se ventilan en las otras cuatro salas regionales. Sus fallos son inatacables.

 

Pero los magistrados electorales tienen otra tarea, relacionada estrechamente con los acuerdos del INE y que, como se ha visto en el actual proceso electoral, han bordado entre la sospecha de acuerdos soterrados, el desconocimiento del procedimiento o la franca violación o soslayo de lo que dicta la ley.

 

¿Por qué tanta manga ancha a Andrés Manuel López Obrador y un exceso en las multas al Partido Verde Ecologista de México? Ambos han incurrido en violaciones a la ley electoral y se han burlado del sentido común de los electores. Uno gasta a manos llenas dineros que no se gana y anda en campaña presidencial adelantada, procedimiento de suyo violatorio a la regla comicial; el otro en el desacato a evidentes determinaciones que se ensañan y linda en el valemadrismo que genera sospechas.

 

Ambos casos, apenas son anuncio de lo que se avecina, a partir del lunes 8 de junio. Consejeros y magistrados electorales enfrentarán la elemental tormenta postelectoral de ciertos personajes que se alzan como demócratas pero mandan al diablo a la democracia desde el mismo momento en que son nominados a los cargos de elección popular, porque su interés borda en el poder por el poder. Para ellos todo se vale. Todo.

 

¿Y qué de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales? Se supone que desde 1994 debía haber actuado conforme los lineamientos que le dieron vida. Pero, fuera de detener a supuestos mapaches electorales o rijosos militantes, deja mucho qué desear su existencia. Pero ahí está para recibir denuncias. Por supuesto no va a detener a candidatos, salvo que éstos sean sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito electoral o francamente federal o del fuero común.

 

Pero los candidatos no son tontos –disculpe usted el eufemismo—y no operan personal y abiertamente. Para eso tienen a sus coordinadores y operadores. Los que dan la cara, los que se enfrentan a la opinión pública, los que de requerirse van a la barandilla y hasta responden penalmente si ese fuera el caso.

 

Lo cierto es que el ejemplo de la impunidad cunde y, en estos tiempos, cualquiera le apostaría a seguir el de Andrés Manuel López Obrador y mandar al diablo a las instituciones, poner en predicamento a la autoridad y generar un clima de zozobra social, con tal de hacerse del poder, pese a que éste le fue negado en las urnas.

 

Por eso llama la atención e inquieta que el Partido Movimiento Ciudadano y su candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, el ex priista y ex perredista Enrique Alfaro Ramírez, hayan preparado la llamada “Operación Espejo Democrático”, cuya tarea trasciende a la estrategia electoral y se cifra en el activismo manipulador para desprestigiar, mentir y generar todos los mecanismos, los últimos preocupantes y francamente delictivos, para negociar en la mesa lo que perdería en las urnas.

 

La idea de dicha Operación es crear un conflicto postelectoral, pero no un conflicto que implique marchas y plantones, a los que no acabamos de acostumbrarnos en la ciudad de México, algunos con sus despuntes violentos con la sospechosa participación de sedicentes grupos anarquistas.

 

No, lo que plantea la “Operación Espejo Democrático” es copiar los realizados el pasado 1 de mayo en Guadalajara  y una veintena más de municipios, es decir, los narco bloqueos realizados por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.

 

El caso fue denunciado este domingo por hackers del grupo Anonymous de Guadalajara, quienes incluso subieron a las redes pormenores de dicha Operación. Los bloqueos estarían aplicándose inmediatamente después de conocerse la derrota de Enrique Alfaro Ramírez quien, como se ha visto, está dispuesto a todo para lograr su objetivo: ser presidente municipal de la capital de Jalisco y, en 2018, buscar nuevamente la candidatura al gobierno de la entidad; en 2012 perdió la elección.

 

¿Reflexionará Alfaro, una vez descubierta la Operación? Lo más seguro es que este lunes y los días previos al domingo próximo, él y sus operadores negarán la especie. Pero la evidencia está ahí. Quizá el político que vive en Zapopan pero quiere gobernar Guadalajara, esté apostándole a convertirse en el mesías tapatío, a imagen y semejanza de Andrés Manuel y mandar al diablo a la democracia, porque a democracia son ellos. Lástima que haya quienes les creen a pie juntillas. Pero así es esto de la política y sus próceres. Conste.

 

LUNES. ¡Ah!, por cierto. De quién será el lujoso Porsche que, con un pegote, ¡sí, un pegote!, con la imagen de Ricardo Monreal Ávila, anda en la caravana del candidato de Morena, o sea, Ricky Ricón, a la jefatura delegacional en Cuauhtémoc. Vaya, el ex priista, ex perredista, ex petista, ex emeceísta jura y perjura que es un político honesto. “¡Tú lo sabes, Adela, soy un político honesto!”, dijo a la señora Micha. Entonces, ¿su señora esposa es la corrupta? Porque, cómo explica la cónyuge de Ricky Ricón la propiedad de departamentos y vehículos de lujo, si gana 350 mil pesos al año. ¿Será que hace tandas y vende cosméticos en las oficinas de Morena? Digo.