Pachuca.- Después de tres años de estar encarcelados en la Centro de Readaptación Social de Pachuca,  tres  indígenas hñahñús recuperaron su libertad  luego de haber sido acusados sin pruebas consistentes de un fraude fiscal equiparado por 486 millones de pesos  en una compleja operación con la importación ilegal de  tela en la que usaron sus nombres y falsificaron sus firmas.

 

Celso Mejía Caballero, Juan Hernández Caballero y Margarita Hernández Lugardo originarios de la comunidad de San Joaquín, municipio de Tecozautla, Hidalgo, personas con un nivel escolar mínimo y en evidente situación de pobreza  fueron víctimas de una investigación judicial no apropiada y en donde la parte acusadora optó por exacerbar su demanda sobre  los personajes más débiles del expediente.

 

Durante los dos primeros años de detención, los tres indígenas quedaron en desamparo jurídico y ya iniciado el proceso  el Consejo Supremo Hñahñhú les asignó dos abogados para su defensa.  Fue una batalla jurídica intensa y con desventaja  al competir contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y ante jueces y tribunales insensibles frente a un notable caso de injusticia. 

 

El caso se ventiló en el Juzgado 2º. De Distrito con la causa número 53/2009 con una sentencia mínima de 3 años de condena para los tres acusados, tiempo que ya cumplieron en prisión y por lo tanto se ordenó su liberación. 

 

No obstante los abogadores defensores Bartolomé Fuentes Trejo y Demetrio Vega Cardón  han señalado que la inocencia de los indígenas quedó demostrada en el proceso a través de innumerables pruebas periciales como la falsificación de firmas, declaraciones del  agente aduanal y faltas administrativas de la Secretaria de Economía. Pero la mayor prueba ha sido la evidencia de que ellos no pudieron fraguar operaciones tan complejas y especializadas y la terrible pobreza que padecen.

 

En el año de 1998 unas 30 personas de la comunidad de San Joaquín se unieron para comprar máquinas de coser e instalar un taller de costura. Formalizaron la sociedad cooperativa y durante los primeros años tuvieron muy pocas satisfacciones.

 

 Celso, Juan y Margarita fueron electos como directivos de la Cooperativa en el 2000 que poseían apenas  8 máquinas de coser. En ese mismo año aparece en la comunidad un empresario  de la industria textil de nombre Oscar Corro, originario de la vecina ciudad de Tequisquiapan, Querétaro y durante un año les ofrece trabajo constante de maquila con lo que ganó su confianza.

 

Más adelante Oscar Corro utilizó para sus gestiones la razón social de la pequeña Maquiladora San Joaquín. En nombre de la cooperativa y sin el consentimiento de sus tres directivos el  experimentado empresario avanzó por el largo camino burocrático del Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Importación (PITEX)  que coordina la Secretaría de Economía a nivel federal.

 

Contrató créditos,  realizó compras e introdujo las telas por la aduana de Colombia, Nuevo León. La materia prima la desvió para otras empresas y violó el reglamento del Programa que exige regresar al país de origen las telas como prendas terminadas, lo que representa  un fraude fiscal.  Los tres indígenas nunca vieron un metro cuadrado de tela y se enteraron del asunto hasta que la Policía Federal se presentó por ellos con una orden de aprehensión.

 

Es evidente que el Registro Federal de Contribuyentes de la Maquiladora San Joaquín se usó para hacer los movimientos, no obstante, es obvio también que dicha cooperativa no tenía la capacidad de gestión, ni el capital suficiente para enfrentar compromisos de tales dimensiones.

 

Es inverosímil que los cooperativistas acudieran a los mercados internacionales de tela e introducir la mercancía a México. Se ha ubicado que los trámites se hicieron ante la delegación de la Secretaria de Economía en el estado de Querétaro a pesar de que la razón social de la cooperativa se encuentra en Hidalgo.

 

Los abogados del Consejo Supremo Hñahñú que defendieron a  Celso, Juan y Margarita se preguntan cómo fue posible que la delegación de Economía  autorizara las operaciones a un taller tan pequeño a pesar de lo exigente que son las reglas de operación de programa PITEX.

 

A lo largo de las diligencias se  comprobó la falsificación de firmas y en el juzgado compareció el agente aduanal  que procesó las importaciones y desmiente rotundamente que los tres indígenas hayan solicitado tales servicios.

 

También en el expediente  apareció un acta de defunción de Oscar Corro el principal sospechoso del fraude sin que existan mayores evidencias de su muerte. Por el contrario existen por lo menos otros 3 expedientes judiciales en donde estuvo involucrado en diversos delitos.

 

El Ministerio Público Federal enfiló sus conclusiones  en busca de una sentencia definitiva en contra de los indígenas inculpados y ha dejado sueltas muchas líneas de investigación. No ha averiguado sobre el destino final de las mercancías como sería su obligación y que probablemente lo llevaría a los verdaderos responsables.

 

La tragedia de ser indígena ante la justicia

 

El Consejo Supremo Hñahñú conoció del caso hace un año cuando se acercaron familiares de los inculpados  a solicitar su apoyo. Margarita Hernández Lugardo que era la Tesorera de la Cooperativa aunque  nunca vio un centavo, estaba muy delicada de salud dentro de la Cárcel de Pachuca; había hecho crisis su padecimiento de diabetes y su familia no tenían dinero para sus pasajes desde San Joaquín hasta Pachuca a tres horas de distancia.  Su defensa legal era nula.

 

Los abogados Bartolomé Fuentes y Demetrio Vega asumieron la defensa y de inmediato dieron la batalla. Se enfrentaban a una acusación que no admite libertad bajo fianza y un caudal probatorio especializado en materia fiscal.

 

En pocos meses probaron ante el juez una cadena de inconsistencias  y acreditaron que el expediente se inclinaba injustamente en contra de los indígenas. En marzo pasado el juzgado aceptó las conclusiones de la defensa que pedía la libertad de sus defendidos, pero el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación lo que retrasó el proceso al menos 4 meses.

 

El Consejo Supremo Hñahñú gestionó también el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que tiene un programa especial para la defensa de los derechos de Acceso a la Justicia y la excarcelación de presos indígenas. Este apoyo institucional fue fundamental para la liberación de Celso, Juan y Margarita así como los esfuerzos de sus familiares.

 

La encarcelación de los tres indígenas ha afectado seriamente su vida. Han perdido no solo sus pocos recursos económicos, su empleo y su salud. Apenas el pasado mes de julio Margarita fue trasladada de emergencia al Hospital General de Pachuca con un cuadro severo hipoglucémico.  Juan no tiene un techo a donde llegar porque la vivienda  que le prestaban hace tres años ya tiene otro uso y de la esposa de Celso no sabe su paradero.