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La discusión pública en torno de la legalización de la marihuana, en sus vertientes para uso lúdico y médico, va más allá de discrepancias entre las buenas conciencias y corrientes ideológicas de avanzada de todo tipo de bandería.

Columnista del periódico La Crónica de Hoy. Director del portal Entresemana.
Correo: sanchezlimon@gmail.com
Twitter: @msanchezlimon 

Al final,  la resultante del proceso de discusión organizada respecto de este asunto, iniciado el miércoles pasado con la intervención de la Secretaría de Gobernación como convocante y la postura personal del presidente Enrique Peña Nieto, será de suyo salomónica y la despenalización de esta droga tenderá hacia la disminución en su consumo. Es un asunto de hábitos no de temores.

 

Es probable que la disposición legal que trascenderá al fallo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en favor de otorgar amparo de la ley a cuatro demandantes del recurso para poder disponer de la cannabis para uso lúdico, se orientará como una de esas normalidades del México moderno que ya no sorprende por su cambiante, tolerante e incluyente sociedad despojada de atavismos.

 

Fumar marihuana o untársela para aliviar dolores como ingerirla por prescripción médica para combatir enfermedades del sistema nervioso, no es asunto de partidos políticos pero su discusión les concierne por cuanto a su participación integrante del Congreso de la Unión, pese a que al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, incomoda que el Presidente de la República airee públicamente su rechazo a la legalización de la cannabis indica.

 

Sacar el tema de la discusión del ámbito del Congreso para retornarle su resultado en una iniciativa de reforma constitucional, es decir, con todas las de la ley sin recovecos de malsana interpretación, permite despartidizar que no despolitizar el esquema en el que desde el fumador, el vecino, el ciudadano, el médico, los especialistas, académicos, constitucionalistas, tratadistas y expertos en el tema, podrán aportar la mejor opinión que construya esa iniciativa a discutir y dictaminar en la Cámara de origen.

 

Las discrepancias en el comparativo del consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas en mayor o menor grado, con el de la marihuana que estigmatiza y otorga un grado peyorativo a quien la consume, en la consideración de que marihuano es aquel sujeto cuyas tendencias personales lindan en lo delictivo y hasta en una especie de doctor Jekyll y míster Hyde, son más anecdóticas.

 

Empero, sin ánimo de restar grado de intoxicación a la marihuana frente al que provoca el alcohol, más actos de violencia son conocidos como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas –por ejemplo un informe oficial refiere que ha disminuido el número de accidentes automovilísticos fatales, merced al alcoholímetro—que aquellos en los que el actor los haya cometido luego de fumar marihuana.

 

El jueves último, en mi espacio en El Independiente de Hidalgo, referí que el debate nacional convocado por el gobierno federal en torno de la legalización de la producción, comercialización y consumo de la marihuana se significa como uno de los avances que la oposición político-partidista se niega a aceptar en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

Veamos. Cumplidos tres años de la gestión de Enrique Peña Nieto, en la obligada opinión requerida a militantes y dirigentes de todos los partidos políticos con registro y representación en el Congreso de la Unión, era elemental que ninguno, salvo el PRI que está en el poder, opinaría cien por ciento en reconocimiento de lo hecho en estos 36 meses del gobierno priista.

 

Por eso, hoy que se discute el tema de la legalización de la marihuana, varios de estos personajes de la oposición de izquierda, derecha y otros etcéteras debieran recordar –y en algunos casos enterarse—de que discutir formalmente, incluso convocados por el gobierno federal, en torno de este tema, hace algunas décadas era impensable.

 

Las buenas conciencias impedían siquiera hablar en público del asunto. Cuestión de recordar el Festival de Avándaro, el 12 de septiembre de 1971, cuando a quienes asistimos se nos acusó de drogadictos y hasta degenerados. ¿Quiénes de los actuales diputados y senadores, dirigentes partidistas y funcionarios públicos estuvieron en ese festival?

 

Un poco de refresco histórico bien vale en este asunto que comenzó hace años en círculos de café y hoy se asume de importancia nacional. Medidas las comparaciones, veamos la cita de Wikipedia respecto de la Ley Seca o la época de la prohibición del consumo de alcohol en Estados Unidos. A saber.

 

“(…) En 1917, el Congreso aprobó una resolución a favor de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (la Enmienda XVIII) que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de Estados Unidos. En enero de 1919 la enmienda fue ratificada por 36 de los 48 estados de la Unión, siendo susceptible de imponerse como ley federal (aplicable a todos los Estados). En octubre del mismo año, se aprobó finalmente la ley Volstead, que implementaba la prohibición dictaminada por la Enmienda XVIII.

 

“«Esta noche, un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación», declaró el Senador Andrew Volstead, impulsor de la nueva norma, con optimismo. «El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno.»

 

“Durante la década de 1920 la opinión pública dio un giro, y la gente decidió que había sido peor el remedio que la enfermedad. El consumo de alcohol no sólo subsistió, sino que ahora continuaba de forma clandestina y bajo el control de feroces mafias. En vez de resolver problemas sociales tales como la delincuencia, la ley seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados de actividad como nunca antes se había percibido en los EE. UU. Antes de la prohibición había 4000 reclusos en todas las prisiones federales, pero en 1932 había 26 859 presidiarios, síntoma que la delincuencia común había crecido gravemente, en vez de disminuir. El gobierno federal gastaba enormes cantidades de dinero tratando de forzar la obediencia a la ley seca, pero la corrupción de las autoridades locales y el rechazo de las masas a la Prohibición (demostrada por el hecho que el consumo no disminuía) hacían más impopular sostener la ley Volstead (…)”.

 

¿Vale la pena una consulta y discusión pública en torno de la marihuana y su eventual legalización? ¿Avanzamos o no? México es otro. Digo.

 

VIERNES. --¿Usted coincide con el Presidente de la República en el sentido de que legalizar la marihuana de ningún modo facilita el combate al crimen organizado?-- se preguntó a César Camacho Quiroz, coordinador de la diputación federal del PRI.

 

--La legalización por lo pronto no está en nuestro radar. En lo que sí hemos insistido es en proteger la libertad de las personas (…) Lo que tenemos que cuidar es que este asunto nunca se convierta en un problema de salud pública”-- respondió Camacho.

 

¿Problema de salud pública como el galopante alcoholismo? ¡Ah!, cómo influye el año electoral. Conste.

 

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De ebrios, marihuanos, legisladores y el debate

 

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