Sin duda, los sistemas de seguridad nacional tienen identificados a estos sedicentes estudiantes y familiares de los 43 normalistas, que han hecho del asunto una empresa próspera nutrida con el robo, la amenaza y el vandalismo.

 

La pasividad oficial ante al robo, la agresión física, destrucción de inmuebles públicos, el asalto a particulares, es respuesta de un mea culpa de los tres niveles de gobierno a un ataque del crimen organizado operado por autoridades vinculadas a éste hace un año.

 

Quienes ven y atienden o pretenden atender el problema desde la comodidad de la distancia, también son cómplices de actos delictivos que se amparan en la demanda de justicia con actos delictivos. Buscan responsables de la desaparición de jóvenes normalistas que, tal vez sin saberlo, servían a intereses criminales y, por ende, fueron atacados por los contrarios a éstos.

 

Por eso, no hay duda, el enfrentamiento de este martes en Tixtla, Guerrero, fue provocado por quienes viajaban en los autobuses y pretendían llegar a Chilpancingo y la ciudad de México, dizque para hacer los preparativos de la reunión que los padres de los normalistas desaparecidos sostendrán este jueves con el presidente Enrique Peña Nieto, según ha confirmado el propio mandatario.

 

Si los padres de familia tuvieran voluntad de coadyuvar en las investigaciones y reunirse con el Presidente, pidieran ayuda para su traslado y alojamiento en la Ciudad de México, sin duda, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se las brindarían.

 

Pero no. Lo ocurrido este martes cuando policías antimotines y estatales detuvieron a seis autobuses en que viajaban sedicentes estudiantes y padres de familia, y que derivó en un enfrentamiento, tiene elementos de una provocación tendente a minar el terreno rumbo a ese encuentro con Enrique Peña Nieto.

 

Y, como suele ocurrir desde hace rato, de las 13 personas lesionadas en el enfrentamiento, 11 son policías y dos estudiantes. ¡Ah!, pero en la ciudad de México, las voces radicales tendieron al desgarramiento de vestimentas y la acusación de siempre. A saber.

 

“(…) es triste ver que los padres de los estudiantes desaparecidos, son agredidos por los militares (sic) y reprimidos en las diversas manifestaciones”, dijo el diputado de Morena, Roberto Guzmán Jacobo y sostuvo: “se deben buscar mecanismos que eviten hechos como los ocurridos en la carretera Tixtla-Chilpancingo donde una manifestación pacífica fue atacada con gases lacrimógenos”.

 

El legislador estaba desinformado, o simple y llanamente acusó con esa displicencia impune, porque no se trató de una manifestación pacífica y los individuos que viajaban en los autobuses, se bajaron de éstos para enfrentar a la fuerza pública que les cerró el paso, para evitar se repitieran hechos como los del lunes último cuando estos ayotzinapos destruyeron y saquearon oficinas públicas de la Fiscalía General de Guerrero.

 

La cereza de este enfrentamiento en el que los policías sacaron la peor parte, fue lo dicho por el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, quien reclamó por los hechos y advirtió que la situación pone en duda la reunión con Peña Nieto. ¡Ajá!

 

Además, a reporteros de CNN México declaró su versión: "Nos encontramos a los antimotines y por cualquier lado que le demos hay retenes con la intención de no dejarnos pasar, no entendemos la finalidad de los filtros y hoy nos íbamos para México porque tenemos las actividades planeadas (...) Si no nos dejan pasar pues le vamos a exigir a Peña Nieto que venga y ahí tener la reunión porque sus elementos no nos dejan pasar (…)

 

"Si el gobierno piensa que así nos van a callar, estamos dispuestos a lo que sea porque ya tenemos un año sin los jóvenes". ¿A qué le suena esta postura?

 

Es evidente que a los delincuentes que se han apoderado del caso Ayotzinapa, y en las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa tienen su residencia y centro de operaciones, no conviene que haya esa reunión en Los Pinos. No quieren perder la bandera y, sobre todo, esa inmunidad con la que roban, vandalizan y aterran a la ciudadanía, mientras la policía solo observa.

 

Postura pueril del PRI

 

En este escenario, el pasado fin de semana la demanda legislativa del PRI fue de suyo pueril y como pedir peras al olmo: no politizar el caso Ayotzinapa. La bancada priista en la Cámara de Diputados urgió a que las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas “no sean obstaculizadas por afiliaciones política ni por vínculos personales”.

 

Aún más, con César Camacho Quiroz al frente, la bancada tricolor demandó que el castigo a los responsables de ese caso “sea del tamaño del agravio que le causaron a las familias de los desaparecidos y a la comunidad mexicana (….) porque lo que se tiene que hacer es evitar la impunidad y castigar a los culpables, sin que esto se convierta en una venganza pública, sencillamente en una aplicación recta y justa de la ley".

 

Esta petición, de no ser porque fue hecha pública y en papel membretado, se pensaría como broma de mal gusto e incluso propuesta de una ala partidista que pretende cerrar los ojos a una ofensiva e impune situación que transita en un terreno minado, pervertido precisamente por grupos radicales que desde hace meses lo politizaron y partidizaron.

 

Esa postura pública de los 203 diputados federales del PRI, empero, tiene un ingrediente que debe ser atendido como una prioridad nacional. La aplicación recta y justa de la ley se entiende encaminada a frenar actos delictivos y, por ende, meter a prisión a los delincuentes que han utilizado al caso como pretexto para cometer actos francamente ilícitos.

 

¿Investigar?

 

Y con ése ánimo de hacer el caldo gordo y abonar en un conflicto con francas intenciones político-partidista, este martesen el Palacio Legislativo de San Lázaro la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, integrada por diputados federales de los ocho partidos representados en la Cámara baja, aprobó su plan de trabajo que incluye entrevistas a testigos, autoridades de los tres niveles de gobierno y hasta al ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero. ¿Hablará Ángel Heladio?

 

Lo cierto es que, al margen del trabajo y las buenas intenciones legislativas, a riesgo de molestar a las buenas conciencias que reaccionan virulentas apenas hay una crítica contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, es insultante la impunidad con la que estos grupos de normalistas demandan justicia mediante la injusticia que implica vandalizar, golpear, amenazar y cumplir las amenazas.

 

Esto seguirá así mientras haya personas como la diputada federal del PAN y presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, que justifica los actos violentos: “Creo que, desde luego, es reflejo de la angustia, del descontento, de a exigencia social de encontrar la verdad respecto del paradero de los muchachos estudiantes”. ¡Sopas! Conste.

 

MIÉRCOLES. El de Alfredo Wong Castañeda, quien no ha sido confirmado Contralor Interno de la Cámara de Diputados, es un asunto que puede convertirse en escándalo por ciertas vertientes delictivas cometidas por familiares suyos. Luego le doy detalles.