Una de las mayores preocupaciones de cualquier persona económicamente activa es qué sucederá cuando se retire de la actividad laboral. ¿Tendrá una jubilación adecuada para tener una vejez digna o se verá obligada a continuar luchando por sobrevivir en empleos informales y de corto plazo? Las discusiones sobre el futuro del sistema de previsión social está en el tablero, pero sin una participación real de quienes no solo lo financian, sino además son los más afectados por cualquier decisión relativa a las pensiones.

 

La población trabajadora en Guatemala es, en su mayoría, informal.  Dentro de esa importante masa productiva se encuentra un sector femenino de enorme incidencia en la dinámica económica. Sin embargo, el trabajo de las mujeres en el campo, en el hogar y en el comercio pasa casi inadvertido en las estadísticas y en los sistemas de previsión social, a los cuales no tienen acceso.

 

Lo mismo sucede con un gran contingente de trabajadores del campo cuya labor depende de la estacionalidad de las cosechas o de la voluntad de sus patronos. Son invisibles para el sistema de previsión y, por supuesto, carentes de toda protección que les garantice una vejez digna. Esta es una de las muchas razones por las cuales se impone una revisión de la seguridad social, pero bajo la perspectiva del interés común y no desde una visión empresarial y de negocio.

 

El atractivo de los fondos del sistema de previsión resulta demasiado poderoso y el sector privado sabe bien cómo en Chile las Administradoras de Fondos de Pensión, AFP, han resultado unas gordas gallinas de huevos de oro para un puñado de empresarios. Éstas comenzaron a gestarse durante la época de Pinochet con la privatización de los fondos de pensiones, cuya promesa de un retorno importante al momento de la jubilación –un 70% del salario promedio de los últimos 5 años- jamás se cumplió. Hoy miles de pensionados reclaman por míseras pensiones apenas suficientes para lo básico.

 

No cabe duda de la necesidad urgente de realizar una reforma profunda en este tema. Sin embargo, dejar el paquete en manos privadas no es la respuesta más realista ni la más solidaria para quienes hoy se debaten en empleos mínimos y salarios de hambre, pero con largas y extenuantes jornadas de trabajo.

 

Guatemala es un país con espeluznantes índices de desigualdad, por lo cual aplicar el modelo de un pais distinto, más desarrollado, con una fuerte clase media y con algunos de los mejores indicadores sociales de América Latina, es injusto y poco realista. Las condiciones de los trabajadores chilenos aun con estar lejos del ideal, son mucho mejores que las de la mayoría de los guatemaltecos y pasarán muchos años antes de ver una reducción de la enorme brecha que separa a ambas sociedades.

 

Resulta evidente la dificultad de pedir sensibilidad social a un sector tradicionalmente enfocado en la consolidación de su poder económico como objetivo único. Sin embargo, las decisiones sobre el futuro de los fondos aportados por los trabajadores no debería ser un tema reservado únicamente a las instancias políticas y empresariales, sino ser compartido ampliamente con la ciudadanía, en un proceso enriquecido con información veraz y documentada.

 

Los espejismos suelen terminar en grandes decepciones, en un encandilamiento temporal y luego una estrepitosa caída en la realidad. Los frutos del esfuerzo de toda una vida deben ser resguardados de manera ética, solidaria y enfocada a garantizar a los trabajadores –sus verdaderos dueños y beneficiarios- un futuro digno por el resto de su vida.

 

 

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@carvasar

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