La semana pasada, un acuerdo entre las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes evidenció el tamaño de los millonarios intereses en juego en este medio de transporte que opera con un sospechoso manto de impunidad.

 

Y es que, un grave problema de la naturaleza de verdaderas máquinas de muerte --sin exagerar porque en eso se convierten transportes de carga pesados de doble remolque en manos de conductores cansados porque deben cumplir jornadas extenuantes que los llevan a consumir drogas para estar alertas—fue abordado con un pueril acuerdo.

 

Mire usted, la SEGOB y la SCT firmaron las bases de un acuerdo de colaboración para “reforzar la supervisión del autotransporte de carga” y hasta solicitaron a la Secretaría de Economía revisar la norma de 2014 relacionada con ese tipo de transporte terrestre, para disminuir accidentes. Vaya, hasta anunciaron la emisión de placas especiales.

 

¿Cuántos inspectores, médicos, técnicos y mecánicos se requerirán para supervisar a los miles de conductores de autotransportes de carga y a éstos que circulan en las carreteras nacionales? ¿Nuevas y especiales placas reducirán el número de accidentes? Honestamente, es una vacilada y postura demagógica que falta el respeto al sentido común.

 

Y es que, dicho acuerdo establece que habrá operativos que incluirán exámenes médicos a conductores, revisión física y documental de los vehículos con énfasis en los conocidos como “fulles”, es decir, los de doble remolque.

 

Por supuestos, autoridades de las tres dependencias responsabilizaron a los conductores de la mayoría de los accidentes ocurridos en carretera, porque no respetan la norma en muchas ocasiones. ¿Y qué tal si revisan las condiciones de trabajo de estos conductores? ¿Y por qué no llamar a cuentas a las empresas que utilizan el doble remolque, en múltiples ocasiones hechizo, para ahorrar gastos?

 

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, tocó el tema en términos de que se debe atender este tema de la seguridad en las vías de comunicación y manifestó esa postura harto conocida cuando se quiere dar la impresión de que hay voluntad política: “no quedarnos de brazos cruzados ni echándonos la culpa entre autoridades y transportistas o esperar soluciones de varita mágica”.

 

Luego, convocó a participar en foros para analizar la norma y hasta dijo que él ha sido testigo de cómo los conductores de doble remolque conducen a exceso de velocidad.

 

En esa reunión se informó que reportes de la Policía Federal demuestran que 80 por ciento de accidentes, son atribuibles al conductor; 9 por ciento tienen relación con causas naturales; 7 por ciento con las condiciones del vehículo y 4 por ciento con las características del camino.

 

Además, en 2014 se revisó la norma sobre pesos y dimensiones del autotransporte, se fijaron máximos de 75.5 toneladas de peso, 80 kilómetros por hora la velocidad de circulación y la dimensión en 31 metros.

 

Y se restringió la circulación de vehículos con doble remolque exclusivamente en carreteras de alta especificación, reduciéndose de cinco a dos años la vigencia de las licencias para conducir esos vehículos, entre otras medidas.

 

Lo cierto es que este acuerdo tiene un alto significado demagógico. Se asumen actos de contrición pero no se acordó un mecanismo para sacar de circulación a dichos autotransportes.  Del tamaño de la omisión y el dejar hacer, dejar pasar, es el de los intereses que están atrás de este medio de transporte de verdaderas máquinas de muerte.

 

Por eso la importancia del exhorto –debió haber sido demanda-- con carácter de urgente y obvia resolución aprobado ayer el pleno de la Cámara de Diputados al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad, despliegue acciones para prohibir el tránsito de camiones de carga de doble remolque, a fin de salvaguardar la vida e integridad física de las personas.

 

A Ruiz Esparza, se le solicita atender el reclamo social y las distintas consideraciones vertidas en la iniciativa que legisladores federales de varios partidos políticos presentaron, para que la dependencia a su cargo se pronuncie por restringir la circulación de transportes de carga con dichas características.

 

El punto de acuerdo, que tuvo el respaldo de la mayoría legislativa, lo presentó con carácter de urgente resolución el diputado verde José Refugio Sandoval Rodríguez.

 

Incluso, fundamentó la propuesta en varias pruebas documentales como la de la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte que señala que el riesgo de un accidente se amplía 32 veces más en vehículos tractocamiones doblemente articulados, conocidos como camiones doble remolque, pues llegan a transportar más de 75 toneladas en diversos productos.

 

Y el diputado de Encuentro Social, Gonzalo Guizar Valladares sostuvo en tribuna que la propuesta es un clamor en México, pues se registran 500 mil accidentes viales al año, en los cuales 28 mil incurren en el tema de doble remolque. “Es el momento de que los dobles remolques, o bien se regulan o se suspenden porque no hay la supervisión adecuada y lo que sí hay son autopistas y carreteras destruidas debido al sobrepeso”.

 

El exhorto fue específico al secretario Gerardo Ruiz Esparza. ¿Atenderá este emplazamiento de la Cámara de Diputados? En el Senado de la República el tema camina por rieles de similar tendencia para entrar de lleno a una reforma legal que vaya más allá del exhorto.

 

Seguramente Miguel Ángel Osorio Chong y Gerardo Ruiz Esparza o Idelfonso Guajardo no esperarán a que deudos de víctimas de accidentes carreteros, provocados por transportes de doble remolque se les hinquen para determinar cómo prohíben la circulación de esos vehículos, sin afectar a las empresas y poner a salvo los intereses millonarios que hay en este asunto.

 

Las empresas refresqueras, cerveceras y de frituras o golosinas, en su mayoría son las que usan ese transporte. Pocos vehículos con esas características acarrean productos perecederos. Se avecina, sin duda, un encontronazo entre el Legislativo, las dependencia públicas que tienen que ver con este sector del transporte y su regulación, pero especialmente de las empresas que sienten en riesgo sus intereses. ¿El doble discurso para distraer? Coincido con Héctor, no hay que restringir, hay que prohibir. Digo.

 

 

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