Cuentan que cuando el ex gobernador de Chihuahua Fernando Baeza Meléndez reclamó, en esos días de acomodos de candidaturas en 1993, al entonces dirigente nacional del PRI, Fernando Ortiz Arana, su proceder antidemocráta por no atender una propuesta personal, el queretano lo atajó: “A ver, a ver, mi Fer, de cuándo a acá tan demócrata. ¿Ya se le olvidó cómo llegó usted a gobernador?”
Columnista del periódico La Crónica de Hoy. Director del portal Entresemana.
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Y Baeza Meléndez, quien el 3 de octubre de 1992 había concluido su gestión como gobernador de Chihuahua, aguantó la ironía del dirigente nacional priista. Además, Baeza había entregado el poder a Francisco Barrio Terrazas, el aguerrido panista ex presidente municipal de Ciudad Juárez.
¿Por qué perdió el gobernador Baeza la elección de 1992 frente al Partido Acción Nacional? José de Jesús Macías Delgado, ex presidente municipal de Ciudad Juárez –fallecido el 9 de julio de 2008-- fue nominado por el PRI al gobierno chihuahuense, pero perdió por 48 mil 834 votos frente a Pancho Barrio.
Por supuesto, la diferencia de votos no daba pie a una demanda de nulidad ni despertó suspicacias y menos hubo reclamos del priismo que se replegó en el recuento de daños y seis años después volvió por la revancha con Patricio Martínez García, quien recuperó el gobierno para el PRI e incluso actualmente es senador.
En ese tenor puede aludirse al caso de Ernesto Ruffo Appel, panista que en los inicios de la administración de Carlos Salinas de Gortari venció en las urnas a la candidata priista Margarita Ortega Villa. ¿Derrota democrática? Bueno, la historia política califica a aquella elección como la primera concertacesión del priismo hacia el panismo.
Cada quien su historia, pero el caso de Ramón Aguirre Velázquez tiene todo ese condimento de la concertacesión, confirmada personalmente en una entrevista que me concedió en 1995. Aguirre, triunfador en la elección de gobernador de Guanajuato frente a Vicente Fox Quesada, el 18 de agosto de 1991, fue obligado por Manuel Camacho Solís y José María Córdova, por instrucciones de Carlos Salinas de Gortari, a no tomar posesión como gobernador. Hubo un gobernador interino, el panista Carlos Medina Plascencia. Y Aguirre Velázquez se dedicó a cultiva flores.
¿Quién o quiénes, entonces, son responsables de las derrotas electorales en las grandes ligas? No cabe duda que esto del reparto del poder tiene sus desencuentros y radicales acuerdos, convenios que no son alianza públicas pero sí de soterrada armonía del gatopardismo tricolor y albiazul con tamices amarillos.
Y en esto de los procesos electorales, extraordinariamente un funcionario de primer nivel, miembro del círculo cercano al Presidente de la República, o al gobernador, se mueve al margen de esa esfera, es decir, por cuenta propia so riesgo de la fulminante renuncia y el escarnio público.
Honestos, honestos, lo que se dice honestos, no los hay en política. Ni pulcros o inmaculados activistas cuya carrera por el poder es el sino elemental. Y ese es el caso Colima, en cuyo revocado proceso electoral priistas y panistas echaron mano de todo tipo de triquiñuelas para hacerse del voto. Ambos candidatos, el del PRI, Ignacio Peralta Sánchez y, el del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez prácticamente lo consiguieron, aunque el primero se alzó con la mínima diferencia de poco más de 500 sufragios, según recuento citado en el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¿La causa? De acuerdo con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “se declaró la nulidad de la elección de gobernador de Colima y ordenó al Congreso local, así como a las autoridades estatales, que en el ámbito de sus facultades, y a la brevedad, emitan la convocatoria para la celebración de comicios extraordinarios, después de acreditarse la violación a los principios rectores de equidad y neutralidad en la contienda, por la indebida intervención de funcionarios del gobierno estatal”.
Y, bueno, el coordinador de la diputación federal priista y ex presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, le puso nombre y apellidos al culpable de ese revés en el máximo tribunal electoral del país que anuló la elección de gobernador. Se pronunció por sancionar al secretario de Desarrollo Social del estado, Rigoberto Salazar. Y es que, este funcionario del gobierno colimense, admitió haber solicitado apoyo de programas sociales para los candidatos del PRI-PVEM-Nueva Alianza.
Camacho Quiroz tronó contra quien, sin duda, no actuó motu proprio y acotó: "No estamos hablando de generalizaciones y por ello creo que es a él a quien hay que llamar a cuentas en términos obviamente administrativos, en términos jurídicos, porque es un servidor público que tiene quehaceres bien determinados por la ley, que parece que no observó, alteró, actuó bajo su cuenta y riesgo, y esto además de que es reprobable al PRI le provoca un daño".
¿Honestos, honestos? Será que, entonces, el gobernador Mario Anguiano Moreno andaba en asuntos de democracia y su principal operador no le informaba de sus quehaceres y mucho menos de estas tareas que en todos los gobiernos estatales forman parte de la estrategia para no perder clientela electoral.
Vaya, hasta Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, apareció como escolapio en estos menesteres y dijo que el fallo de los magistrados electorales debe sentar precedente para el desarrollo de futuros comicios. Si es necesario, sostuvo, pues hay modificar el marco legal. ¿Otra vez?
Más cauto y, por supuesto, con la vasta experiencia en estos asuntos, el presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que “Colima es un Estado sumamente importante, cuyo triunfo electoral nos han regateado, y estoy seguro que no ha correspondido a lo que fue la realidad que aconteció en Colima.
“Lamentablemente el Tribunal tuvo consideraciones de otro tipo por la intervención de un funcionario público del gobierno de Colima, que echó a perder esa elección”.
Si de aplicar la justicia partidaria se tratara, desde hace rato un buen número de funcionarios públicos, federales, estatales y municipales estarían en prisión por su responsabilidad en la comisión de delitos electorales. Sí, este asunto de Colima, tiene tufo a uno de esos acuerdos con chivo expiatorio de por medio. ¿No sabía nadie en el PRI que el secretario de DESARROLLO SOCIAL DE COLIMA operaba como todos operan desde ese fundamental cargo? Conste.
LUNES. Mis amigos desfilan rumbo a esa conferencia de prensa a la que todos los reporteros estamos convocados. Qué rápido pasa la vida con tanta lentitud, paradoja, de esos años en que disfrutamos y aprendimos este oficio. Un abrazo solidario para la familia de Paco Hidalgo. Digo.
@msanchezlimon
Vanguardia Digital
Honestos, lo que se dice honestos
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