Corresponde a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hacer la revisión y ajuste, tomar en cuenta que en los últimos procesos un porcentaje significativo de ciudadanos ha rechazado participar en esa actividad, con cualquier pretexto, inconformes y hartos del desempeño de partidos en gobiernos de los diferentes niveles.

 

Es cierto que por el mecanismo que establece la ley, se ha logrado la instalación de casi el 100 por ciento de las casillas, porque si falta alguno de los funcionarios nombrados o designados al azar o aleatoriamente, se busca la suplencia entre quienes están formados para votar, de manera voluntaria.

 

También por norma, quien acepta participar, se hace cargo de la posición de menor jerarquía, que sería la de escrutador, contar votos; los demás, se corren para llenar el espacio faltante.

 

Sin embargo, esta medida complica el trabajo de los funcionarios, porque entonces ya no hacen la actividad para la que fueron preparados por los capacitadores del organismo electoral. Es cierto que cumplen, que la casilla no deja de funcionar y sigue la recepción de votos, pero también es un hecho que hay más apuros en el llenado de actas y suma de votos.

 

Esa puede ser la explicación del incremento del número de paquetes que después se tienen que recontar en los consejos distritales, por inconsistencias o imprecisiones, derivadas de la improvisación.

 

Además, en los comicios del reciente cinco de junio, en la llamada elección del constituyente en la Ciudad de México, en la boletas aparecieron una veintena de nombres de candidatos independientes. Una novedad que hizo que las boletas se hicieran más grandes y un escrutinio adicional al acostumbrado.

 

En las elecciones del 2015, donde solo se renovó la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, alcaldías, jefaturas delegacionales y diputaciones locales, la hora promedio en que terminaron su trabajo los funcionarios de casilla fue pasada la medianoche.

 

Las del 2012 obligaron a laborar en muchos casos hasta la madrugada y, en el 2018 la historia se va a repetir. La diferencia es que en el 2012 la gente estaba más animada a participar como funcionario de casilla. Ese interés ha decaído, por diversos motivos.

 

Por eso la importancia de revisar su dieta o ayuda, que hasta ahora es de 300 pesos por persona.

 

¿Y de dónde puede obtener el INE dinero para ello?

 

De las prerrogativas que reciben los partidos, una aportación equitativa para recompensar a los ciudadanos. Sin duda, significaría darle un muy buen uso al recurso público.

 

Sirva como referencia que en la actualidad, hay partidos que pagan a sus representantes de casilla de 500 a mil pesos, por permanecer en el lugar desde la apertura hasta recibir copia del acta de resultados. Hace ya mucho tiempo que dejaron de acudir solo por su militancia.

 

Para la elección del 2018, la batalla será por la presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, gubernaturas, presidencias municipales, jefaturas delegacionales y diputaciones locales.

 

Las boletas también incluirán los nombres de los candidatos independientes, que en global, es lógico suponer, serán muchos más de los que se han inscrito en los pasados comicios.

 

Un contexto que implica mucho más trabajo, con más votantes en una contienda que se espera intensa, como nunca antes, por eso se vuelve necesario estimular la participación de los ciudadanos en las casillas; evitar el riesgo de la improvisación o desperdicio de la fase de capacitación del propio INE.

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