Así, éstos intereses han obligado al presidente Enrique Peña Nieto disponer de excepcionales mecanismos de procuración de justicia, presionado en el plano doméstico e internacional.

 

Y es que, eso de instruir la creación de una Fiscalía especial para atender casos de desaparecidos, aunque los voceros del movimiento la rechazan y urgen una especial y específica de atención a su caso, evidencia urgencias oficiales en el ánimo de quedar bien.

 

La espiral beligerante y radical del movimiento que ha utilizado a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos no tiene fin.

 

En diversos espacios de opinión y análisis la previsión fue que el encuentro de este grupo --que ha radicalizado demandas-- con el presidente Enrique Peña Nieto concluiría en el mismo punto de arranque. La cíclica inercia de una movilización de suyo perversamente azuzada con actos de violencia y en busca de mártires.

 

Incluso, ayer quedó claro que más allá de la urgencia por deslindarse del acto criminal cometido el año pasado contra jóvenes estudiantes la dizque izquierda mexicana buscó montarse en este conflicto para lavar culpas y encabezar el movimiento.

 

Y lo ocurrido en el Congreso de la Unión, en cuyas sesiones plenarias el perredismo legislativo se ofendió porque sus prohombres fueron citados corresponsables de aquellos hechos registrados la noche del 26 de septiembre del año pasado en los municipios de Iguala y Cocula, evidenció el grado del temor a comparecer ante la autoridad judicial.

 

Este jueves, concluida su reunión con el presidente Peña Nieto los familiares de los 43 normalistas, en voz del abogado Vidulfo Rosales y Felipe de la Cruz, expusieron su negativa a aceptar las propuestas del Presidente, presentaron su pliego petitorio, hoy de ocho exigencias esenciales que, en realidad, es una larga carta de demandas radicalizadas. Un ejemplo:

 

“Al saber que la Procuraduría quiso engañarnos, una y otra vez nos preguntamos cómo podríamos volver a confiar en una institución que se burló de nosotros. Lo cierto es que no podemos volver a confiar. Pero si fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos, no podemos dejar de exigir al Estado que los busque. Sabemos que formalmente la investigación debe continuar, pero para revertir el daño hecho exigimos que la indagatoria (…)

 

“Por otro lado, la unidad especial de investigación que demandamos deberá también investigar a quienes por acciones u omisiones pueden tener responsabilidad en la obstrucción de la justicia fabricando versiones carentes de prueba. En particular, exigimos que se investigue la responsabilidad del ExGobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; del ExProcurador de Guerrero, Iñaky Blanco; del ExProcurador, Jesús Murillo Karam; del Titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; y de la responsable de los servicios periciales de la Procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría”.

 

Y, bueno, preguntaría ¿dónde está la postura de Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde está el ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero? ¿Por qué la insistencia de llevar a picota al ex procurador Jesús Murillo Karam?

 

Finalmente se ha metido al plano de la discusión el papel jugado por Aguirre Rivero, quien casualmente no ha sido citado en los ofrecimientos oficiales para siquiera atemperar el grado beligerante del movimiento.

 

Porque, no cabe duda que el ex gobernador sabe más de lo que cualquiera de sus cómplices en el gobierno estatal y amistades en el PRD, acerca de ese caso. ¿Alguien sabe dónde se encuentra y si ha declarado ante la Procuraduría General de la República?

 

Pero, mire usted, si el Presidente garantizó que no se dará carpetazo a este asunto, podemos sentarnos a esperar que se reciclen demandas y, en unos meses más volvamos a conocer de una nueva convocatoria a reunión privada de Peña Nieto y sus detractores, en la que no habrá conclusiones porque quienes están atrás del movimiento de los normalistas no lo desean.

 

Y qué tal si el gobierno federal, junto con el entrante del estado de Guerrero, disponen aprehender a quienes vandalizan en las movilizaciones en aquella entidad, en especial en Chilpancingo, e investigan la identidad de los responsables de haber llevado este movimiento a espacios de violencia y radicalización.

 

Hay sobradas evidencias de que el movimiento responde al interés manifestado por la guerrilla eperrista que, en 1996 irrumpió en la escena nacional con un discurso muy parecido al de hace más de 40 años, cuando la Liga Comunista 23 de Septiembre, a la que perteneció Jesús Zambrano Grijalva, pretendió unificar a todos los grupos armados que existían en el país.

 

Investigar es una responsabilidad de la autoridad. No hay que dar tantas vueltas. Es respetable el movimiento de los padres de familia que demandan la aparición de sus hijos, pero es deleznable que éste sea utilizado por personajes como el abogado Vidulfo Álvarez, que en la conferencia de prensa evidenció que no estaba preparado para fundamentar un pliego petitorio que, por lo menos, debía haber leído. ¿Hasta cuándo? Digo.

 

VIERNES. Ayer, el Club de Periodistas de México entregó reconocimientos a colegas que han cumplido 25, 30, 35, 40, 45 y más de medio siglo en el ejercicio periodístico desde diversas trincheras. Luego le platico de ése cónclave de comunicadores. Conste.

 

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