Y reprocha al presidente Enrique Peña Nieto: “Hasta este momento ningún funcionario relevante ha sido enjuiciado por facilitar el escape de una cárcel de Máxima Seguridad. Precisamente una de las preguntas parlamentarias que hicieron los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) fue en relación con los funcionarios responsables de la segunda fuga, pero la respuesta del titular del Ejecutivo fue francamente insuficiente.

 

“En la respuesta del Presidente de la República enviada al Congreso de manera escueta se señala simplemente que la PGR consignó a las personas que se acredita su probable responsabilidad, pero omite informar qué autoridades estuvieron involucradas”.

 

Cortés Mendoza, coordinador de los diputados federales del PAN plantea verdades a medias y desinformación plena.

 

No identifica a las autoridades del más alto nivel que, según él, facilitaron la fuga del hoy recapturado Chapo Guzmán, a quien la impronta oficial ofreció como la preciada presa de una revancha anunciada desde aquella noche en el aeropuerto de Gander, Canadá, cuando el presidente Peña Nieto fue informado de la fuga del principal capo del narcotráfico mexicano.

 

El joven Marko –como muchos dizque expertos-- bien haría en nutrirse de información antes de declarar –peor cuando es vía impersonal comunicado de prensa--, porque el riesgo de aparecer desinformado y carente de conocimientos legales, es vasto.

 

Pero, bueno, quizá Marko está enterado de que entre los más de 20 funcionarios y servidores públicos tras las rejas por aquella fuga del 11 de julio de 2015, amén de custodios y jefes de medio pelo se encuentran la hoy ex coordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra, los entonces director y ex director técnico del Penal del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma y Librado Carmona García, respectivamente. Y que en septiembre del año pasado fueron declarados formalmente presos y sujetos a proceso penal.

 

Tal vez lo que el legislador michoacano evitar mencionar en su demanda, es los nombres del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien dio posesión del cargo a la maestra Ceñina Oseguera, ni al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, y quien fuera su jefe como gobernador del estado de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, en funciones de procurador General de la República cuando Joaquín El Chapo se les peló del penal de alta seguridad del Altiplano, al que el pasado fin de semana retornó en calidad de huésped distinguido.

 

Tal vez y solo tal vez Marko se abstuvo, por razones que suelen darse en esto de los juegos perversos del poder, de mencionar nombres que están en el colectivo nacional zurcido con puntadas de impunidad, de personajes que, en otros tiempos, su jefe desde Los Pinos los habría echado del gabinete.

 

Sí, como ocurrió en diciembre de 1996 cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León despidió al procurador General de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, junto con el fiscal Pablo Chapa Bezanilla, harto de los traspiés y escándalos provocados por esa dupla que fabricó delincuentes y pagó a testigos a modo para demostrar que estaban trabajando en los casos Colosio, Posadas Ocampo y Ruiz Massieu.

 

Sería interesante y generaría indudable simpatía entre la sociedad mexicana, que está hasta la madre de impunidades y demagogias justicieras, que el joven diputado federal michoacano y otros de bancadas diferentes abonaran, desde el Congreso de la Unión, en una exigencia fundada para castigar a los verdaderos culpables no sólo de la fuga de El Chapo, también de los que han promovido juicios de insultante manufactura para sentenciar a inocentes.

 

Porque, mire usted, a lo más que podrían ser sentenciados Oseguera y compañía junto con los celadores que aquella noche del 11 de julio hicieron mutis y dejaron que Joaquín Guzmán Loera se escapara, es a 26 años y seis meses, sentencia que puede ser reducida a la mitad o menos merced al sistema de sentencias mínimas por buena conducta y trabajo comunitario.

 

Y este es asunto incumbencia de los Tres Poderes de la Unión, como lo refiere Raymundo Damián Montoya Badillo, licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Barra de Abogados, en el artículo “Ausencia de tipo en la fuga del Chapo Guzmán”, publicado el 31 de agosto del año pasado.

 

Entonces citó que la evasión de Joaquín Guzmán Loera ha servido para ventilar la falla del Estado mexicano en temas de seguridad y sistema penitenciario.

 

El artículo 154 del Código Penal Federal exime de responsabilidad al reo que se fugue de prisión pero, acota, la figura de evasión de presos contemplada en el Código Penal Federal está enfocada a aquellas personas —en su mayoría servidores públicos— que favorecen o facilitan la sustracción del detenido, procesado o condenado de las instalaciones carcelarias.

 

Son juegos perversos en el ejercicio del poder. El Chapo puede ser extraditado porque ninguno de los delitos que se le han fincado en Estados Unidos tienen como sanción la pena de muerte; quiere purgar sentencia en México porque los penales, de media o alta seguridad siempre serán proclives a que sus directivos se corrompan convirtiéndoles en hoteles de lujo.

 

¿Quiénes tienen el manto de la impunidad en este juego? No fue voluntad política para recapturar al capo, fue un asunto personal que siembra dudas, éstas que echan a perder el festejo porque parece mascarada.

 

¿Por qué El Chapo no se fue del país, cuando tuvo todo el tiempo y los medios para hacerlo? Desde siempre se supo que andaba en Sinaloa; merced al Código Penal Federal, no se le incrementaría sentencia, cuando se la dicten; quienes lo ayudaron a escapar tienen resuelta la vida, total siempre hay recovecos para reducir tiempo en prisión. Los juegos del poder. Conste.

 

LUNES. Y ahora viene el juego electorero con el salario mínimo. Digo.

 

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