En Guatemala comienzan a darse muestras de un proceso trascendental destinado a enderezar entuertos jurídicos. En la medida que pasan los meses y se descubre el nivel de impunidad bajo cuyo manto se han protegido desde delincuentes de poca monta hasta asesinos a gran escala, en la ciudadanía crece la esperanza por el establecimiento del muy ansiado estado de Derecho.

 

Tal aspiración no es gratuita. Durante poco más de un año se han visto desfilar por las Cortes a un ex Presidente y a una ex Vicepresidenta de la República, más un buen puñado de ex ministros de Estado y otros funcionarios afines, algo totalmente sorprendente en un país cuyo sistema ha sido diseñado para cobijar a los corruptos, sobre todo cuando éstos pertenecen a los círculos de poder.

 

La población va de asombro en asombro ante las capturas de políticos y empresarios, siguiendo con atención las extenuantes jornadas de interrogatorio presididas por el juez Miguel Ángel Gálvez. El papel jugado por la Cicig y el Ministerio Público ha sido fundamental para darle consistencia a los casos y mantener fuera de circulación a los individuos más poderosos del país.

 

Sin embargo, en el sistema de administración de justicia de Guatemala existe un caso que no avanza; uno que de manera inexplicable permanece detenido a pesar de todas las evidencias presentadas por la fiscalía. Es un caso paradigmático cuya resolución quitaría el tapón que impide el curso de la justicia y permitiría resolver otros casos similares de violencia femicida. Se trata del asesinato y desaparición de Cristina Siekavizza, una joven madre supuestamente golpeada hasta la muerte por su esposo, Roberto Barreda.

 

Lo que hace de este caso un paradigma es la influencia de los personajes involucrados. Para entenderlo, habría que remitirse a la trayectoria profesional de los padres del sindicado, quienes desde sus altas investiduras como magistrados de la Corte Suprema de Justicia han de haber cultivado amistades y sentimientos de gratitud tan profundos entre sus pares como para superar cualquier escollo jurídico, haciendo del tráfico de influencias un verdadero arte.

 

Treinta han sido las acciones y recursos presentados ante la Corte de Constitucionalidad por la familia Barreda De León en los 5 años transcurridos desde la desaparición del cuerpo de Cristina. Once de ellos por Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda; 9 por Beatriz Ofelia De León, madre de Barreda –uno de ellos para separar a la Fundación Sobrevivientes como querellante adhesivo-; 6 por el sindicado, con algunos de los cuales pretende retirar el caso del tribunal B de Mayor Riesgo; y 5 por otras personas ligadas al proceso.

 

Mientras la familia Barreda se afana por salir bien librada de este crimen deleznable, la familia Siekavizza, el Inacif y el Ministerio Público, con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes en su calidad de querellante adhesivo, continúan incansables su lucha contra la impunidad. Durante los 5 años transcurridos desde la desaparicion de Cristina la han buscado en fincas, ríos, lagos y terrenos baldíos, en donde el asesino –y quien lo asistiera en ese proceso- pudo haber enterrado o sumergido su cuerpo, sin hallarla.

 

Estas son las incongruencias de un sistema de administración de justicia aún pendiente de depuración. La nefasta tradición del encubrimiento entre pares –lo cual también sucede en otras disciplinas- constituye un obstáculo y se podría catalogar como un acto de complicidad criminal toda vez impide el imperio de la ley. La reforma del sector justicia es, más que una demanda ciudadana, una necesidad vital para Guatemala.

 

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