Y es que, la añosa y cínica conseja política, en esto de hacer justicia y encarcelar a delincuentes de cuello blanco, refiere que aquellos que no van a prisión no es porque sean inocentes: son delincuentes pero no pendejos, no dejan huella de sus latrocinios.

 

¡Ah!, por supuesto son enjuiciados personajes menores, burócratas de medio pelo, chivos expiatorios.

 

Porque, cuando a un político de las ligas mayores --el ex gobernador tabasqueño Andrés Granier Melo y la maestra Elba Esther Gordillo Morales, por ejemplo— lo detiene el sistema y somete a proceso penal, es por un ajuste de cuentas; burda acción justiciera que atiende urgencias de linchamiento y despliega el espectáculo en el circo romano.

 

Por eso, los anuncios de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, Silvano Aureoles Conejo y Francisco Domínguez Servién, de que en Nuevo León, Michoacán y Querétaro, aplicarán la ley, revisarán cuentas, hurgarán cajones y archivos, descifrarán conceptos y relaciones de obra pública, desmantelarán a la fuerza aérea y cortarán el combustible a los aviadores, entre otros etcéteras de fino concepto amanuense, son alimento mediático para el populacho que demanda cortar cabezas y la picota.

 

Salvo Miguel de la Madrid Hurtado que hizo del combate a la corrupción en el sector público el slogan de su campaña –Renovación Moral de la Sociedad—, aunque fue letra muerta, ningún otro Presidente ofreció esta campaña de desratización en el aparato gubernamental.

 

El resultado es que la práctica del deporte de la corrupción ha crecido enormemente en gobiernos de toda ideología partidista que, precisamente, llegó al poder con la bandera de la honestidad y el combate a este singular crimen organizado que opera en las instancias de poder público, éstos cárteles que se integran en torno de un dizque equipo de trabajo y cuya labor se sustenta en el cobro del diezmo, los moches y hasta la integración asociada en empresas que lo mismo participan en licitaciones públicas o hasta pequeños proveedores de artículos de papelería y limpieza.

 

De ahí salen, cada seis o tres años, los nuevos ricos y los más ricos, jefes de departamento, directores e incluso dirigentes sindicales, que hacen el trabajo sucio, cobran el diezmo y el moche para repartirlo piramidalmente hasta los niveles donde las huellas no son detectadas. No son pendejos, son ladrones.

 

Por eso los cargos administrativos como jefe de almacén, director del área de compras o en la denominación de Recursos Materiales y las direcciones o subsecretarías en las que se deciden dizque colegiadamente o por la vía del consejo las licitaciones, son ambicionadas por quienes, como se ha visto en el caso de la delegación Cuauhtémoc de la ciudad de México, son capaces de ofrecer hasta 15 millones de pesos por la Subdirección de Verificación y Reglamentos; de qué tamaño será la derrama por las transas en esa área.

 

¿Se atreverá el independiente Jaime Rodríguez Calderón a denunciar penalmente a su antecesor Rodrigo Medina por todo ese listado de corruptelas cometidas en su administración?

 

¿A quién o quiénes acusará Silvano Aureoles Conejo de la rampante corrupción que, de la mano de la delincuencia organizada, trepó en toda la estructura de gobierno, incluso los municipios?

 

¿No blofeó Pancho Domínguez cuando anunció que aplicará la ley contra los corruptos del gobierno de José Calzada Rovirosa?

 

El problema es que nadie se salva en esto de la práctica de la corrupción. Quienes han asumido en el poder e invocaron como una tarea esencial de sus administraciones la limpieza en la casa, concluyen sus gestiones bajo la sospecha, cuando no la abierta acusación de haberse enriquecido merced al manejo libre del gasto público, además de haber permitido que sus colaboradores y hasta los mandos de menor nivel hicieran lo propio.

 

Leemos, por ejemplo, en una nota firmada por Dennis A. García, reportero de El Universal, que en la Procuraduría General de la República, ni más ni menos, la corrupción creció 110% en seis meses, de acuerdo con un documento de la propia dependencia denominado Estrategia para la Reducción de Riesgos de Corrupción.

 

Y, bueno, en el Partido Acción Nacional su nuevo dirigente, Ricardo Anaya, nombró Luis Felipe Bravo Mena como zar anticorrupción, para combatir a la que el albiazul tiene dentro. Y Bravo Mena asegura que el poder llevó a los panistas a la corrupción.

 

En consecuencia, Rodríguez Calderón, Aureoles Conejo y Domínguez Servién están obligados a cumplir con esa oferta de campaña. En caso de proceder, tendremos a tres ex gobernadores por lo menos requeridos en calidad de testigos o cómplices por omisión de los latrocinios cometidos por sus subalternos.

 

No obstante, los dichos de estos gobernadores tienen más características de impacto mediático, blofeo, petate del muerto, o como usted le quiera llamar, que una decisión tomada sin apasionamientos y con documentos, pruebas, en la mano.

 

De otra forma, desde el PRI les pueden enderezar una denuncia penal por difamación y lo que resulte. O, en el mejor de los casos, utilizar sus líneas discursivas para venderlas en campaña por las doce gubernaturas que se disputarán el año entrante. ¿Serán más de los mismos?

 

Porque, cuando Miguel de la Madrid metió a prisión a Arturo Durazo  Moreno, o Carlos Salinas a Joaquín La Quina Hernández Galicia y Ernesto Zedillo a Raúl Salinas, no avisaron. Y los debutantes mandatarios de Nuevo León, Michoacán y Querétaro, dieron el pitazo y, cuando se decidan por la denuncia penal, los pillos habrán puesto tierra de por medio. No, nadie duda que sean pillos, pero no pendejos. Digo.

 

MIÉRCOLES. Marko Cortés, coordinador de la diputación federal del PAN, dijo que invitará al papa Francisco a visitar el Palacio Legislativo de San Lázaro y que hable ante el pleno camaral, como lo hizo en el Capitolio estadunidense. ¡A poco no! Conste.