Ambiciones personales y de familia del abogado y senador con licencia, porque el cargo es irrenunciable, Raúl Cervantes Andrade, metieron ruido en la sucesión de una de las dos vacantes de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes y después del 3 de septiembre del año pasado cuando el pleno senatorial le otorgó licencia para dizque retirarse a la academia.

 

Y es que el caso ha crecido en niveles de alto riesgo que entrañaría la corroboración de tráfico de influencias que amagaba con meter al presidente Enrique Peña Nieto en un nuevo escándalo, éste que implicaría pérdida de autonomía del Poder Judicial de la Federación, de suyo cuestionada con la asunción de Eduardo Medina-Mora Icaza como ministro de la Corte, carente de las cartas requeridas para el encargo.

 

Por eso, una vez que se aproxima la fecha –noviembre entrante-- en que los ministros Juan Nepomuceno Silva Meza y Olga Sánchez Cordero concluyan el periodo para el que fueron designados por el Senado, más que la supuesta designación de Santiago Creel Miranda, como posición del PAN en la Corte, el caso de Cervantes Andrade –cuota que sería del PRI-- es el que ha generado una situación crítica que involucra al Presidente de la República en la propuesta para que la Cámara alta apruebe su unción a ministro del máximo tribunal del país.

 

Y todo indicaría que dicha designación se tejió desde la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, de la que es titular el abogado Humberto Castillejos Cervantes, primo del senador con licencia que, en la previsión de los tiempos legales para aspirar al cargo de ministro de la Corte, como presidente de la mesa directiva senatorial abonó el terreno para luego pedir licencia supuestamente con el fin de atender una invitación e irse a la investigación académica.

 

Por supuesto nadie se tragó esa pueril explicación. Y, hoy el jefe del Ejecutivo Federal es parte central de lo que amaga con convertirse en un escándalo de tráfico de influencias y negociación partidista para construir dos candidaturas, aunque la de Santiago Creel se ha mantenido más de bajísimo perfil pese a su preeminencia panista.

 

Raúl Cervantes, por tanto, es el factor que este martes obligó al presidente Enrique Peña Nieto a atajar versiones y desactivar el escándalo que llevaría al Poder Judicial de la Federación como el apéndice del Ejecutivo Federal en esto de impartir justicia a modo.

 

Así, a su retorno de una gira por Aguascalientes, Enrique Peña Nieto aseguró que cumplirá estrictamente con lo que marca la Constitución en la designación –por ley es de su competencia-- a los candidatos a ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

"¿Qué andan muy preocupados o qué?", preguntó a reporteros de la fuente presidencial que lo cuestionaran respecto de la propuesta de endurecer requisitos para ser ministro de la Corte, toda vez que ha habido posturas en demanda de no partidizar las propuestas. Y es que el Ejecutivo propone y el Senado dispone; una ecuación, sin embargo, nunca despojada de partidismos, pero que en esta ocasión asumen postura totalmente opositora a la nominación del priista Raúl Cervantes.

 

Obligado por esta situación, Peña Nieto atajó y garantizó que se apegará fielmente a lo que dice la ley vigente. “Lo de la Corte –acotó-- todavía está sujeto a ponderación y a evaluación; a su debido tiempo, llegará en su momento primero que la Corte nos haga saber que ya tiene la vacancia, puede que eso ocurra de aquí al 30 de noviembre. Yo me ajustaré a lo que dice hoy la Constitución, voy a ceñirme a lo que dice la Constitución, me apegaré fielmente a lo que dice la Constitución".

 

Lo cierto es que la ambición de Raúl Cervantes, litigante de asuntos políticos en tribunales, como el caso del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, a quien le construyó una defensa con declaraciones de supuestos testigos a modo, despertó las insultantes sospechas de que tenía el camino allanado para llegar a la Corte.

 

Mire usted, el 28 de agosto del año pasado, concedió una entrevista a la colega Leticia Robles de la Rosa, reportera de Excélsior con vasta experiencia en la cobertura senatorial. En esa fecha, Cervantes dejaba la presidencia de la mesa directiva del Senado y declaró que se retiraba de la actividad partidista y el litigio en juzgados a partir del 3 de septiembre porque había aceptado la propuesta del ITAM de convertirse en uno de sus académicos que realizan investigación.

 

Explicó, ese día, a Robles de la Rosa que “desea entrar de lleno al mundo de la academia”. Y, ante la pregunta de si de esa forma construía su camino para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sonrió y dejó en claro que “esa será decisión exclusiva del Presidente de la República”. Verdad de Perogrullo.

 

En fin, en esa ocasión sus pares del Senado lo despidieron con aplausos y de pie. De acuerdo con la nota de la colega Robles de la Rosa, le desearon la mejor de la suerte en su incursión en el mundo de la academia. ¡Ajá!

 

Pero, bueno, veamos un par de párrafos de un artículo de opinión del abogado Elisur Arteaga Nava, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana y autor de  diversos libros sobre Derecho constitucional, publicado el pasado 1 julio de este 2015 en el blog elmundodelabogado. A saber.

 

“(…) El licenciado Cervantes tiene un impedimento más: es senador de la República; lo sigue siendo a pesar de la supuesta renuncia al cargo que presentó y que, también supuestamente, le fue aceptada.

 

“El presidente de la República, los miembros de la Cámara de Senadores y las cúpulas de los partidos deberían saber que el cargo de legislador es irrenunciable. Lo es a pesar de que con frecuencia se observa que se presentan y se aceptan renuncias.

 

“En el peor de los casos, de admitirse que es renunciable, lo que menos se debería exigir es que sea por causa grave. No la hubo ni se invocó alguna”.

 

Por de pronto, los coordinadores de las diputaciones federales del PAN, Marko Cortés Mendoza, y del PRD, Francisco Martínez Neri, además del presidente de la Cámara baja, Jesús Zambrano Grijalva, urgieron a no partidizar el nombramiento de ministros de la Corte.

 

¿Desactivó Peña Nieto el escándalo y Cervantes volverá a su escaño? Conste.

 

MIÉRCOLES. Salieron a retozar las buenas conciencias priistas. Proponen crear un Código de Ética y Conducta Parlamentaria, para normar la conducta de los legisladores federales. Y, en voz de la secretaria general del CEN tricolor, Carolina Monroy del Mazo, entre algunas medidas propuso prohibir la venta de bebidas alcohólicas al interior del palacio legislativo de San Lázaro. ¡Sopas! Digo.

 

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