La sacudida que el caso Chapo implicó al sistema de seguridad nacional y penitenciaria, cuya onda expansiva impactó al ámbito de la procuración e impartición de justicia, es una extraordinaria oportunidad para reencauzar a la Procuraduría General de la República, sacudirla de perversas inercias empapadas de legalidad y aplicar la ley a quienes hicieron del Ministerio Público Federal una herramienta para el cobro de facturas políticas.
Columnista del periódico La Crónica de Hoy. Director del portal Entresemana.
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Este domingo, el senador José Rosas Aispuro, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, retomó el tema de la creación de la Fiscalía que se presume deberá sustituir a la PGR, un asunto que junto con el sistema nacional anticorrupción ha impulsado con tozudez legislativa el Partido Acción Nacional.
Y conste que en las administraciones panistas el uso de la Procuraduría fue una constante para maquillar actos de evidente venganza política dentro de la propia PGR y con el manto justiciero que devino en rotundos fracasos en tribunales.
El caso es que Rosas Aispuro, quien fue una de las víctimas de la perversidad del rumor y las acusaciones falseadas para impedir su crecimiento político, sostuvo que el PAN no quiere una Fiscalía que sea un cambio de nombre a la PGR y se maquillen las atribuciones, sino en realidad “un ente con autonomía que permita evitar errores vicios que tiene esta institución desde hace por lo menos dos décadas”.
Con ello aludió al pervertido quehacer legaloide de la entonces procuradora General de la República Marisela Morales Ibáñez, quien sin duda alguna obedeció fielmente a la encomienda presidencial de Felipe Calderón y su alter ego Genaro García Luna, para mandar a chirona a los enemigos políticos y personajes incómodos
Por eso fue nombrada cónsul de México en Milán, Italia. Con ello se puso, digamos que a salvo de represalias, a la señora Marisela Morales Ibáñez, quien armó verdaderos mamotretos dignos de novela policiaca y encarceló a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, liberados al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, por el procurador Jesús Murillo Karam.
Se comprobó que fueron incriminados con pruebas fabricadas. Como ocurrió con los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, contra quienes, incluido el empresario Pablo Zárate Juárez, la procuradora Morales Ibáñez emprendió una embestida. Pero resulta que las supuestas pruebas contra ellos, se esfumaron y/o carecen de fundamento.
Casualmente ello ocurrió cuando el PRI se aprestaba a recuperar la Presidencia de la República. Y operó la máxima: difama que algo queda.
Y ni qué decir del “michoacanazo”. La vergüenza nacional como ocurrió con el caso de Raúl Salinas de Gortari, contra quien el entonces procurador de filiación panista, Fernando Antonio Lozano Gracia, utilizó a la amante de éste, la española María Bernal, y una bruja, Francisca Zetina, para demostrar que había asesinado a José Francisco Ruiz Massieu.
Los recientes asuntos de Tlatlaya y Ayotzinapa, en los que la actuación de la PGR ha dejado mucho que desear en materia de procuración de justicia, son el antecedente inmediato que se significan como la llamada de atención, quizá la última, para hacer un cambio profundo en la Procuraduría General de la República.
Incluso, un procedimiento que sería bien visto como un acto para reencauzar la procuración de justicia, sería llamara cuentas a quienes desprestigiaron a esta institución y poner en orden los casos que han dañado severamente a ciudadanos inocentes.
No se trata, por supuesto, de repetir aquella “Operación Limpieza” emprendida en octubre de 2008 dizque para sanear a la estructura de la PGR en el sexenio de Felipe Calderón, porque era parte del combate al crimen organizado, pero sólo sirvió para un ajuste de cuentas interno, es decir, para deshacerse de los compañeros incómodos y de los supuestos enemigos.
El pretexto, como el utilizado contra empresarios y políticos, fue su presunta vinculación con el crimen organizado. Un caso fue el del agente Alejandro Aguilar López, a quien se mantuvo preso durante más de cuatro años en el penal de Puente Grande, Jalisco. Salió exonerado pero con la vida destrozada; se demostró su inocencia mas no pudo volver al trabajo.
Aguilar López era agente ministerial, pero la entonces subprocuradora Marisela Morales o acusó de colaborar con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. ¿Sabe usted quién era entonces el procurador General de la República? El hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y enemigo acérrimo de Genaro García Luna.
El caso es que, de acuerdo con Medina Mora, en cuatro meses cayeron 25 funcionarios y agentes de la PGR, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada del que se hizo cargo Marisela Morales.
En fin, Fiscalía o PGR, hoy la procuradora Arely Gómez González, quien relevó a Jesús Murillo Karam merced a que por mayoría del pleno del Senado, el pasado tres de marzo fue ratificada en el cargo para el que la propuso el presidente Enrique Peña Nieto. Tiene respaldo legislativo y presidencial. Está, sin duda alguna, en el mejor momento de cambiar a la PGR, no de lavarle la cara o maquillarla, como refiere el senador Rosas Aispuro. Y procurar justicia no administrar una oficialía de partes en la que se reciban solicitudes y órdenes para fabricar culpables. Digo
LUNES. Comenzamos la semana con temas positivos, que los hay, como que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, recibió en Cancún, Quintana Roo, el Premio que otorga la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, al Programa "México Conectado", como el mejor de su categoría.
Durante el Tercer Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, el organismo de las Naciones Unidas reconoció los esfuerzos del gobierno mexicano por disminuir la brecha digital con la instalación de una red de centros con acceso a internet en todos los estados de la República Mexicana.
Mediante este Programa, durante la presente administración se tiene como meta contar con 250 mil sitios públicos con internet gratuito en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, bibliotecas, universidades, clínicas, hospitales y algunos parques públicos. A la fecha, la SCT lleva ya 65 mil sitios conectados, 13 mil están actualmente en proceso de instalación, 13 mil más se encuentran en licitación, 45 mil en proceso de licitación, y este año se llegará a 100 mil sitios conectados en el país. Conste.
PGR, el momento