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Cada vez que se discute una reforma legislativa, los diputados y senadores que saben de estos menesteres, es decir, los poquísimos que hablan y opinan, suelen recordar que toda reforma es perfectible. Eso, es curarse en salud.

Columnista del periódico La Crónica de Hoy. Director del portal Entresemana.
Correo: sanchezlimon@gmail.com
Twitter: @msanchezlimon 

Porque, ése perfectible, es un eufemismo para justificar los yerros que más adelante le encontrarán a las reformas, ellos y los ciudadanos, éstos últimos que pagan los platos rotos derivados de la ausencia de un análisis pormenorizado de la iniciativa que se trate, el desconocimiento de quienes la aprueban en comisiones y luego en el pleno, en esa mecánica de una buena cantidad de legisladores que desconoce el tema, por decir lo menos.

 

Tal es el caso de la Reforma Política que, en el México del siglo pasado con el partido hegemónico que de pronto se encontró acorralado en el poder presidencial, comenzó a transitar por ese camino de lo perfectible, cuando Jesús Reyes Heroles atendió la propuesta del presidente José López Portillo de ir en pos de la ansiada democracia que insertara al país en el concierto de las naciones modernas.

 

Con un Partido Comunista y brotes de insurrección que llegaron a las zonas urbanas de la Ciudad de México, Puebla, Culiacán, Guadalajara y Monterrey, por citar a las principales, con brigadas de la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Partido de los Pobres, el Movimiento Armado Revolucionario y, en fin, esos grupos y sus auténticos líderes como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, que se rebelaron contra el sistema, la urgencia era elemental para abrir la puerta del Congreso de la Unión a la oposición.

 

Y, bueno, en 1977 se aprobó esa Reforma Política que caminó más de una década con ciertos ajustes de procedimiento, hasta que Carlos Salinas de Gortari buscó la forma de legitimar su mandato presidencial, después de las discutidas y sospechosas elecciones de 1988, donde el hoy demócrata y crítico del sistema que lo encumbró, Manuel Bartlett Díaz, jugó un papel estelar.

 

La mejor forma de legitimar el triunfo en las urnas y garantizarse una gestión sin sobresaltos, fue la creación de un órgano electoral que despojara al gobierno de la sospecha, bien fundada por cierto, de controlar las elecciones federales y locales. Y dio la pauta a la creación de lo que hoy es, Reforma Política de por medio, el Instituto Nacional Electoral, con las adecuaciones estacionarias en las legislaturas que convivieron con las administraciones presidenciales de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y la que corre de Enrique Peña Nieto.

 

Así, de la más reciente Reforma Política aprobada en la saliente LXII Legislatura federal surgió el nuevo esquema de la Ley Electoral y el dizque cambio fundamental en el Instituto Nacional Electoral, con once consejeros que, sin duda alguna, atienden a intereses partidistas. La política es así, y ofende al sentido común que algunos de estos próceres nieguen sistemáticamente filias y fobias con los principales partidos políticos de registro nacional y hegemonía por encima de los llamados emergentes o “chiquillada”.

 

Digamos, entonces, que más allá de que los mexicanos tenemos a los consejeros electorales que nos merecemos, el espectáculo que ofrecen desde hace rato es lamentable –diría mi amigo Jimmy: ¡Qué pena!—, porque el affaire “Toro Sentado” de Lorenzo Córdova Vianello es apenas muestra de lo que realmente piensan los académicos porque, como dice el doctor René Drucker de quienes llegan a obtener ese grado académico, “ser doctor no quita lo pendejo”.

 

Pero, bueno, la conclusión que esto implica es aquella que acusa una voz autorizada, como es la del presidente del Senado, el perredista Luis Miguel Barbosa, por cuanto a que la reforma política a nivel constitucional y reglamentario aprobada hace un año “no ha funcionado y tal parece que no sirvió”.

 

Y, en efecto, como refiere Barbosa, que por cierto fue uno de los principales promotores y apoyadores de la Reforma Política incluida en el Pacto por México, sostuvo que la ley no ha sido respetada por todo lo que implica la sociedad en su conjunto; “y tal parece que las autoridades electorales no supieron aplicar la norma”.

 

Y acotó: “hemos visto los mismos vicios, como rebase a los topes de gastos de campaña, dinero privado en las campañas, señalamiento de manejo de recursos públicos, de programas federales y locales, y eso involucra a todos los gobiernos locales”.

 

Además, puntualizó en un hecho que, igualmente da pena, éste de la falta de voluntad política para no respetar la ley, tanto de partidos como de candidatos.

 

La Reforma Política está fresca, la más reciente, pero Barbosa sostiene que “el proceso electoral actual tiene los mismos vicios que han tenido los otros procesos electorales y este proceso es conforme a una reforma política y las reformas legales derivadas (...) El propósito era anular la inequidad, era lo que nosotros todos entendíamos como propósito de la reforma. La inequidad bajo muchos aspectos: acceso a medios; uso de recursos públicos, evitarlo; control de autoridades electorales; hoy seguimos viendo que hay candidatos y partidos que tienen muchos más recursos que otros, que tienen muchas más formas de, diría yo, de intentar condicionar el voto”.

 

Y qué dicen los consejeros, estos once prohombres que se compactan y cierran filas en torno del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello. Y acusan intento de descalificarlos con aquella filtración que evidenció a quien, en su momento, fue considerado como la voz más calificada para hablar de derecho electoral, pero de pronto se instaló en el papel del adolescente valemadrista. ¡Qué pena!

 

En un texto leído este domingo por Córdova y suscrito por los restantes diez consejeros, luego de informar que la maquinaria electoral está aceitada y preparada para operar en los próximos días con un buen cerrojazo el siete de junio, acusaron:

 

“No obstante, en días pasados se han producido una serie de eventos que nos preocupan y alertan, porque evidencian que existe una premeditada intención de lastimar al Instituto Nacional Electoral y erosionar su credibilidad pública justo de cara a la realización de la elección y cuando estamos cumpliendo a fondo nuestras responsabilidades y ejerciendo nuestras atribuciones legales. Frente a esos hechos, las y los Consejeros Electorales cerramos filas y reprobamos todo intento por debilitar a la institucionalidad electoral”.

 

Se entiende que los diputados del PAN, del PRI y del PRD, en especial, defiendan a los consejeros y adviertan, incluso, esa pretensión de debilitar o mellar al sistema electoral nacional, porque ellos dieron el aval, ellos los eligieron. No pueden ir en contra de sus decisiones. ¡Faltaba más!

 

Pero, seamos serios y no nos confundamos, el affaire “Toro Sentado” de Córdova Vianello, no tiene suficiente sustento, fuerza, fundamento, como para descarrilar la elección. Es una discusión hueca. Son once consejeros y decir que por una metida de pata de su presidente todos la metieron y por ello carecen de credibilidad, es un exceso. Y más que, sin estrategia de comunicación, salgan a comparecer ante los reporteros para victimizarse. ¡Qué pena!

 

Lo cierto es que, en aras de lo perfectible, en la LXIII Legislatura habrá oootra Reforma Política. Por algo el senador Barbosa dijo lo que dijo. Conste.

 

LUNES. Ya entrados en gastos, en este affaire que no escándalo, frente a quien lo balconeó en las redes, Lorenzo puede parafrasear a Chachita en el diálogo con Pepe el Toro: ¡Ni hablar, mujer, trais pistola! Ahí se lo dejo de tarea. Digo.

¡Qué pena!

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