(Guatemala).- Que el país está en una crisis profunda, es una realidad cuyas abrumadoras dimensiones han trascendido fronteras. No solo por un caso o dos de corrupción descarada, sino cientos y quizá miles de ruptura sistemática de la institucionalidad por medio de actos de corrupción nunca perseguidos, nunca aclarados y jamás procesados desde las instancias de justicia. Y esa es la demanda ciudadana.

 

Las medicinas y los insumos médicos que no llegan a los hospitales, los pupitres que no llegan a las escuelas y los casos empantanados en las cortes, lo denotan. Las carreteras que se comenzaron a construir y nunca se terminaron mostrando deterioro por causa de la mala calidad de los materiales y el desinterés en los ministerios y otras dependencias por dar un servicio eficiente a quienes acuden a solicitarlos, son los síntomas de una decadencia general de la administración pública.

 

Las leyes laborales parecen ser optativas. Así, decenas de miles de empleadas y empleados domésticos y de empresas de maquila trabajan en horarios violatorios de sus derechos humanos, recibiendo a cambio salarios y otros beneficios más propios de un sistema de esclavitud que de un contrato por servicios. Y sus demandas se estrellan contra un paredón de influencias y privilegios aparentemente indestructible.

 

Las estratagemas del poder para silenciar a los valientes comienzan a fallar, pero en el aparato oficial aún quedan muchos recursos para neutralizar los efectos de la ira colectiva. La intimidación por medio de trucos aparentemente legales, pero en realidad violatorios de los derechos humanos, de locomoción, de expresión y de libertad política son medidas extremas tendentes a frenar la caída en picada de la autoridad administrativa más importante del país.

 

A esa fuerza aun poderosa se opone con un coraje ejemplar una población hastiada del abuso y la mentira, convencida de poseer, al final de cuentas, el poder supremo que le ha sido confiscado por una clase política cuya decadencia ha colocado al país en el listado de los más vulnerables y atrasados del mundo en términos de desarrollo social.

 

Una posición en las estadísticas que constituye la prueba documental y testimonial del atroz estado de una nación que debería ser modelo de equidad, de riqueza cultural y natural, de empuje empresarial y visión política. Pero en donde se pierde la biodiversidad por ignorancia, negligencia y ambición. En donde se pierde a la juventud en cárteles y pandillas. En donde se pierde a la niñez en el abuso constante de su integridad. Y en donde se pierde la esperanza de todo un pueblo en la ignominia del desprecio de quienes deberían honrarlo porque le deben —gracias a su voto— posiciones creadas para servirlo, pero convertidas en “bolsas seguras” llenas de privilegios y prebendas inmerecidas.

 

Guatemala ha llegado a un punto ciego desde el cual no se avizora una salida institucional definida y en el cual se apuesta su futuro para los próximos decenios. Pero este momento, por la enorme trascendencia de su impacto en un posible cambio de las reglas del juego, es una victoria ciudadana capaz de dejar una marca indeleble y ejemplar.

 

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