No se ha descubierto el hilo negro en la situación que priva en esos rubros ni en materia de seguridad nacional, cuando entre las excentricidades de la pareja real Fox-Sahagún se desmanteló al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y con ello menguó el combate al crimen organizado y abrieron las compuertas a la corrupción en ámbitos jurisdiccionales. Para qué.

 

¡Ah!, pero símiles del gato pardo, cíclicamente las voces de descalificación se alzan y cuestionan cuando, en el espacio requerido, suelen consentir a la crítica legislativa federal y estatal, ésta que se opone al endurecimiento de leyes o simple y llanamente a la aplicación de las vigentes y se rasgan las vestimentas en demanda de respeto a los derechos humanos de delincuentes cuya alta peligrosidad ha sido comprobada.

 

No, no se trata de aplicar la elemental ley del talión ni recurrir al juicio de Fuenteovejuna para linchar delincuentes. Pero…

 

En los nuevos tiempos de las grandes reformas, éstas a las que el PRI en su momento se opuso pero, luego, con la negociación lograda con las vertientes de izquierda y de derecha, del PRD y del PAN de los tiempos recientes logró prosperaran en el Congreso de la Unión temas como las reformas laboral, política, electoral, energética y de telecomunicaciones.

 

Pero, por razones veleidosas y de absurdo protagonismo, panistas, priistas y perredistas, frente a un auditorio legislativo de convidados de piedra que son los llamados partidos emergentes, se niegan a llegar a los consensos para emprender la ruta de un sistema nacional anticorrupción por encima de los órganos que sólo sirven para la nota destacada, relativa a los cientos de millones de pesos que se han transado funcionarios públicos de los tres niveles.

 

Y, ni qué decir del aspirado vellocino de oro que es un sistema policial vacunado contra los cañonazos como los que, verdad de Perogrullo, salpicó el equipo financiero de El Chapo, para elaborar esa estrategia de ingeniería que le posibilitó la fuga del penal de alta seguridad del Altiplano, tema del que seguramente se escribirán algunas “novelas” y hasta se rodarán películas.

 

¿Alguien recuerda cómo y por qué desaforaron y encarcelaron al ingeniero Jorge Díaz Serrano? Cuándo y por qué fueron a parar a prisión Eugenio Méndez Docurro, que fuera secretario de Comunicaciones y director del IPN y del Conacyt, a la par de verdaderos delincuentes como Arturo Durazo Moreno y Alfredo Ríos Camarena, un político que alzaba vuelos en el lopezportillismo y se cayó de la nube en que andaba como director del Fideicomiso Bahía de Banderas.

 

Y otros tantos personajes que fueron víctimas de la venganza política operada por la Procuraduría General de la República, a la que en tiempos de Ernesto Zedillo llevaron a linderos de una oficina de cobro de facturas en la ruta del descrédito y la ignominia con el panista Fernando Antonio Lozano Gracia y el operador del juego sucio, su fiscal especial con nivel de subprocurador, Pablo Chapa Bezanilla.

 

Ni qué decir de la hoy cónsul de México en Milán, Marisela Morales Ibáñez, cuyo desempeño como procuradora General de la República sirvió para fabricar delitos y delincuentes, perseguir políticos y echar varias paladas más de desprestigio a la PGR. Y Genaro García Luna y toda esa pléyade asociada con jueces que, bajo el pretexto de averiguaciones previas mal fundamentadas, han dejado libres a criminales.

 

Acusar a militares de alto rango fue parte de ese juego que sólo Felipe Calderón y Marisela Morales podrán explicar, como la frustrada guerra contra el crimen organizado declarada en Michoacán y, por cierto, el fracaso del michoacanazo que dejó intocados a personajes sanguinarios como Servando Gómez La Tuta.

 

Sí, México navega en medio de la tormenta de credibilidad y de un ofensivo cuanto impune despliegue de violencia en linderos político partidistas. ¿De qué tamaño es la contraofensiva que se prepara en el Gobierno federal? Porque, indudable, el sentido común dicta que, aquel manotazo anunciado cuando se frenó a la aspiración golpista de la CNTE, no se quedará en amago. Veamos.

 

El pasado 18 de mayo, en la Cámara de Diputados, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, coordinadora de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, provocó que varias cejas se enarcaran y muchas caras de “yo no fui” se dibujaron entre los presentes en el foro organizado bajo los auspicios camarales por el Día de Internet, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

 

Y es que, en una declaración de absoluta congruencia y autocrítica, porque justamente ella es responsable de un área estratégica para el sistema de comunicación de masas del gobierno de Enrique Peña Nieto, desde las redes sociales, Alejandra Lagunes dijo que éste “enfrenta una de las mayores crisis de credibilidad y de confianza”, lo que forma parte de sus tres grandes retos.

 

Consideró que la Internet puede ayudar a hacer frente a ese problema porque, adujo, hoy existe “una nueva sociedad que ya no acepta las viejas formas de hacer las cosas y que exige gobiernos abiertos, transparentes y eficaces”.

 

Además, dijo, la “revolución tecnológica’ ya nos alcanzó” (y la) “Internet es un espacio libre, que nos pertenece a todos y que es una poderosa herramienta democratizadora, de acceso a oportunidades, de transformación de la sociedad y del gobierno”.

 

Por tanto, enfatizó, el futuro del gobierno radica en ser abierto y defender principios esenciales que promuevan el desarrollo, la igualdad, la democracia y la participación de la sociedad.

 

Por tanto, citó, el gobierno federal tiene la meta de impulsar el uso y adopción de las tecnologías de la información y la comunicación por los mexicanos, el gobierno y las empresas, para lograr así el México digital y el gobierno abierto al que se aspira.

 

¿Llegó el momento del gobierno federal de defender los principios esenciales y utilizar realmente los medios a su alcance para responder al linchamiento mediático?

 

Por de pronto tres altos funcionarios del sistema penitenciario, incluido el director del penal del Altiplano, fueron cesados y sometidos a investigación por la fuga de El Chapo. Destaca el caso de la maestra Celina Oseguera Parra, quien fue despedida del cargo de coordinadora nacional de los Centros de Readaptación Social, pero que arrastra un expediente lleno de suspicacias.

 

Oseguera Parra fue directora del penal del que se fugó El Chapo y, cuando éste se evadió de la prisión de Puente Grande, en Jalisco, aseguró que fue posible porque el narcotraficante estableció “relaciones no convenientes’’ entre el personal y los internos, lo que permitió se relajaran las medidas de seguridad. ¿Eso pasó en la prisión del Altiplano? No hay duda.

 

Pero, ¿resuelve el caso la renuncia de funcionarios? Por supuesto que no. Sus declaraciones, empero, darán luz y más éxito en busca de reaprehender a Guzmán Loera. Lo demás, como las comparecencia, son parte de los minutos de gloria de ciertos legisladores que ya se van. ¡Más seriedad, señoras y señores! Digo.

 

MIÉRCOLES. Pero la vida sigue; el país no se detiene porque El Chapo se fugó. Hay asuntos de alta prioridad, pero la estridencia los opaca. ¿Habrá mensaje presidencial el viernes? Conste.