Por alguna de esas decisiones que suelen negociarse en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, no se cumplió la previsión del vicecoordinador de los diputados federales del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, de que en la sesión ordinaria de este jueves siete de abril, el pleno camaral discutiera y aprobara el dictamen de la minuta relativa a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que desde la semana pasada se turnó a la mesa directiva.
Columnista del periódico La Crónica de Hoy. Director del portal Entresemana.
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Esta minuta del Senado de la República fue aprobada por mayoría en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara baja. Por supuesto las protestas fueron de los legisladores de Morena y de Movimiento Ciudadano. Pero la mayoría de diputados del PRI, PAN Y PRD rechazó todas las reservas, lo que no impide que se presenten nuevas en el pleno.
Lo importante de este proyecto de decreto es que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pareciera que es la misma burra, nomás que revolcada. Pero no.
Veamos. El objetivo es proveer lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Por tanto, se concluye cualquier espacio de opacidad de persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Se pretende transparentar la gestión pública, favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, regular los medios de impugnación, fortalecer el escrutinio ciudadano y consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano.
Además, y éste es un tema sustancial, propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.
El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, dijo que es necesario que se aprueben en sus términos y a la brevedad la minuta del Senado de la República, para evitar que regrese al Senado porque, adujo, “si prorrogamos o nos oponemos a algunas cuestiones que considero elementales, no habrá ley de transparencia y eso no le convienen al pueblo de México”. Y tiene razón el ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Las leyes son perfectibles y más adelante habrá reformas, pero el paso debe darse para acotar espacios de opacidad que implican impunidad y prohíjan la corrupción.
Sólo hay que referir lo dicho el miércoles pasado por el auditor Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, por cuanto a que 89 por ciento de instituciones públicas federales no cuenta con procesos de administración riesgo de corrupción y la mayoría no considera el perfil ético de los candidatos a ocupar un cargo público.
En la primera reunión de trabajo y análisis respecto del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 --¡de 2014!--de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, dijo que las reasignaciones discrecionales son una de las debilidades detectadas. Y puntualizó:
“De un universo de 290 instituciones se encontró entre otros resultados que el 50 por ciento no acreditó la realización de acciones específicas por medio de las cuales el titular u órgano de gobierno aseguren un entorno de integridad en la institución, el 89 por ciento, no acreditó realizar un proceso de administración de riesgos de corrupción derivados de sus actividades sustantivas y adjetivas alineadas con sus objetivos estratégicos, mientras que el 92 por ciento de las instituciones no consideran el perfil ético de los candidatos para ocupar un cargo público”.
Incluso, en materia de evasión fiscal se detectó que solo en 2012 fue equivalente a 31.9 por ciento de lo que se logró recaudar, es decir, de una cuarta parte del potencial de recaudación. Mientras, las exenciones al pago de impuestos en 2014 fueron equivalentes al 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y las devoluciones llegaron al 13.8 por ciento de lo recaudado.
En suma, pese a las recurrentes reformas en materia de transparencia, impulsadas desde hace más de tres lustros y que dieron génesis al hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, la corrupción sigue galopando en lomos de los dineros públicos.
Por eso la importancia de aprobar esta reforma y que el Sistema Nacional Anticorrupción se apresure en el Senado. No se puede ser medio honesto ni medio transparente. Conste.
VIERNES. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a cuyo frente se desempeña Guillermo Haro Bélchez, tiene ciertas prácticas que parecieran oficiosas y sólo para cubrir el expediente; hacer como que se trabaja.
¿Usted sabe cuál es el fin que tienen decomisos de madera y productos perecederos? La Profepa tiene su razón de ser, mas no va más allá de aplicar sanciones a campesinos jodidos o indígenas engañados y manipulados por mentes criminales que, con pleno desconocimiento de las leyes en la materia, comercializan animalitos salvajes. ¿Y las tareas de orientación? ¿Dónde y cuándo las campañas de concientización? No leo, por lo menos recientemente, una información de la aplicada oficina de prensa de Haro Bélchez relacionada con la aprehensión de talamontes antes de talar arbolitos en la montaña.
Después de cometido el delito, el despliegue informativo para maldita la cosa. Lea usted esta perla de comunicado:
“Santiago de Anaya, Hidalgo, a 07 de abril de 2016
“ASEGURA PROFEPA 7 EJEMPLARES DE VIDA SILVESTRE PREPARADOS EN GUISOS EN FERIA GASTRONÓMICA EN HIDALGO
“+ Se trata de 5 ardillas de las rocas (Spermophilus variegatus) elaboradas en el conocido platillo de “Ximbo” preparado en pencas de maguey; 01 tlacuache (Didelphis virginianus) guisado en salsa roja; y una ardilla (Spermophilus variegatus) asada.
“La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró 7 ejemplares de vida silvestre cocinados (6 ardillas y 1 tlacuache) en el Feria Gastronómica del municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, debido a que los inspeccionados no acreditaron la legal procedencia de los animales.
“Durante el Operativo en la Feria Gastronómica, personal de la Delegación de la PROFEPA en el estado inspeccionó 15 puestos o locales, los cuales comercializaban platillos elaborados con animales silvestres (…) Con respecto a las personas que no exhibieron la documentación para acreditar la legal procedencia se aplicaran las sanciones respectivas conforme a lo indicado en la Ley General de Vida Silvestre”.
¡Caray! Esta feria no es nueva. ¿Hubo campaña preventiva e informativa? Van a sncionar a peligrosos cocineros indígenas que cometieron el horroroso delito de guisar unas ardillas y un tlacuache. ¿Tirarán a la basura los suculentos guisos incautados? ¡Ajá! ¡Vaya burócratas! Digo.
@msanchezlimon
Vanguardia Digital
De transparentes y corruptos